La STPS informó que el CLA es un documento nominativo e intransferible que acredita el cumplimiento de las obligaciones en materia laboral de quienes participan en la producción destinada a la exportación.
FOTO: El Economista
Octubre 01 2026
Por: María del Pilar Martínez
Ciudad de México.- A partir de este 1 de octubre, la agroindustria aguacatera de exportación opera bajo un nuevo esquema de regulación laboral en el país; ya que toda persona física o moral dedicada al envío de aguacate mexicano hacia mercados internacionales debe tramitar el Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA), expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a través del portal VELAGRO y requerido en los despachos aduaneros, conforme al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con la STPS, esta disposición da cumplimiento al artículo 283 Quáter de la Ley Federal del Trabajo para el producto clasificado bajo la fracción arancelaria 0804.40.01, constituyéndose como una regulación no arancelaria que valida la inscripción y las aportaciones en materia de seguridad social dentro de la cadena productiva.
La STPS informó que el CLA es un documento nominativo e intransferible que acredita el cumplimiento de las obligaciones en materia laboral de quienes participan en la producción destinada a la exportación. La autoridad laboral precisó que los certificados tramitados en la plataforma VELAGRO desde el 15 de septiembre son válidos para realizar las operaciones aduaneras a partir de la entrada en vigor del decreto.
Asimismo, destacó que la certificación forma parte de una política para impulsar la formalización del empleo agrícola y garantizar el acceso a la seguridad social de las personas trabajadoras en las cadenas productivas.
Frente a la entrada en vigor del mecanismo, Víctor Manuel Mendoza Pantoja, secretario general de la Confederación Central Nacional (COCENA), expuso que el reto central del sector radica en evitar que la certificación mediante VELAGRO concluya únicamente como un trámite de oficina.
El dirigente sindical sostuvo que la supervisión debe garantizar que la formalización derive en acceso efectivo a servicios médicos, ahorro para el retiro, crédito para vivienda, pago de horas extraordinarias y cumplimiento de la jornada de trabajo.
Mendoza Pantoja señaló que «formalizar a un trabajador no significa solamente poner en orden un expediente», sino reconocer una relación laboral y los derechos que nacen de ella. El representante de COCENA advirtió que «después de la formalización vendrá necesariamente una segunda etapa: pasar del cumplimiento en papel al cumplimiento en el centro de trabajo», lo que implica revisar salarios, jornadas, seguridad social, trato de los mandos y condiciones de seguridad en las actividades de campo.
FUENTE: María del Pilar Martínez | EL ECONOMISTA
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